El 20 de mayo de 2025, un tribunal federal de distrito de Oregón invalidó la Medida 119, conocida como la Ley Unidos por los Trabajadores del Cannabis. Esta ley, que los votantes aprobaron en noviembre de 2024, obligaba a todas las empresas de cannabis con licencia estatal a firmar acuerdos de paz laboral (LPA) con los sindicatos para obtener o renovar sus licencias comerciales. Además, obligaba a los empleadores a mantener la neutralidad en los esfuerzos de organización sindical.
Dos empresas de cannabis, Bubble's Hash y Ascend Dispensary, impugnaron la medida, afirmando que violaba sus derechos constitucionales y entraba en conflicto con la legislación laboral federal, concretamente con la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA).
El tribunal dictó una orden judicial permanente que impedía a Oregón aplicar la Medida 119, alegando dos razones principales. En primer lugar, la NLRA se oponía a la ley estatal en virtud de la doctrina Garmon, que impide a los Estados regular conductas sindicales que la NLRA protege o prohíbe. El tribunal consideró que el requisito de los LPA afectaba directamente al derecho de los empresarios a expresar su opinión sobre la sindicación, protegido por el artículo 8 de la NLRA.
En segundo lugar, el tribunal aplicó la doctrina Machinists, que impide a los Estados intervenir en ámbitos que el Congreso pretendía que permanecieran libres de regulación. El tribunal llegó a la conclusión de que vincular la renovación de las licencias comerciales a la firma de los LPA e imponer la neutralidad patronal alteraba el equilibrio de poder entre los trabajadores y la dirección que el Congreso pretendía mantener.
Además, el tribunal dictaminó que el requisito de neutralidad infringía los derechos de la Primera Enmienda de los demandantes. La ley no sólo prohibía el discurso coercitivo, sino que imponía ampliamente la neutralidad en materia de sindicación, silenciando de hecho las opiniones no amenazadoras contra la sindicación. Citando precedentes del Tribunal Supremo, el tribunal afirmó que los empresarios tienen derecho a expresar sus opiniones sobre cuestiones sindicales siempre que no coaccionen o amenacen a los empleados.
Los demandantes se enfrentaban a un daño irreparable, ya que tenían que elegir entre cumplir una ley inconstitucional (lo que podría acarrearles importantes costes o desventajas en las negociaciones) o arriesgarse a perder sus licencias comerciales y sus relaciones con los clientes. Defender la Cláusula de Supremacía y proteger los derechos constitucionales servía al interés público, aunque significara anular una ley que había sido aprobada por los votantes.
Esta sentencia es especialmente notable, ya que confirma que la NLRA se aplica a las empresas de cannabis que cumplen sus requisitos jurisdiccionales. La decisión no sólo invalida el mandato del LPA para el sector del cannabis, sino que también puede influir en futuras sentencias judiciales relativas a restricciones similares en otras industrias. Desde entonces, la Comisión de Licores y Cannabis de Oregón ha dejado de exigir a las empresas de cannabis que suscriban acuerdos de licencia para la adquisición o renovación de licencias, a raíz de la sentencia del tribunal. Todavía podría presentarse un recurso ante el Noveno Circuito, pero por ahora, la Medida 119 queda invalidada.
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