La Comisión de Control del Cannabis de Massachusetts (CCC) se encuentra bajo escrutinio por no haber recaudado importantes cuotas, que ascienden aproximadamente a $550.000 en cuotas de licencia prorrateadas y hasta $1,2 millones en posibles cuotas de licencias provisionales desde agosto de 2022 hasta agosto de 2024. Esta revelación se produce tras una investigación del Inspector General del Estado, Jeffrey S. Shapiro, quien aconsejó a la dirección de CCC que llevara a cabo una auditoría para garantizar que todos los titulares de licencias han pagado sus cuotas.
El Inspector General Shapiro reconoció que los actuales dirigentes no ocupaban sus cargos durante el periodo en cuestión. Sin embargo, subrayó que deben atender las recomendaciones de su carta. Señaló que, aunque la investigación no descubrió indicios de fraude, puso de manifiesto graves fallos operativos que requieren una reforma estatutaria. Al parecer, la CCC ha empezado a actualizar sus sistemas de pago y está trabajando para recuperar las tasas no cobradas, pero sigue siendo esencial una auditoría para verificar la situación de pago de los actuales titulares de licencias.
La investigación del Inspector General se inició en julio de 2024, a raíz de una denuncia en la línea directa sobre las prácticas de cobro de tasas de la CCC. La investigación reveló que el personal de la CCC no solo no recaudaba las tasas prorrateadas, sino que concedía prórrogas de licencias sin la debida autorización. Esta mala gestión provocó unas pérdidas de unos $550.000 en dos años. La dirección actual ha indicado que está tomando medidas para recaudar estas tasas.
Además, la OIG descubrió que la CCC no recaudó hasta $1,2 millones en tasas de más de 120 solicitantes de licencias provisionales durante este mismo periodo. Una vez que se aprueba una solicitud de licencia provisional, los solicitantes deben pagar la tasa correspondiente en un plazo de 90 días. Si no lo hacen, su solicitud caduca, obligándoles a reiniciar el proceso. Sin embargo, calcular el importe exacto de las tasas no cobradas es complicado, ya que algunos solicitantes optan por no continuar y dejan que sus solicitudes caduquen.
El inspector general Shapiro expresó su preocupación por la actuación del personal de la CCC, afirmando que era especialmente preocupante que concedieran prórrogas de licencias sin autorización y que luego no cobraran las tasas prorrateadas cuando se les concedió dicha autorización. Señaló que la falta de aplicación adecuada de iniciativas clave debería haber sido evidente para los supervisores y comisarios.
Anteriormente, Shapiro instó a la Asamblea Legislativa a nombrar un administrador judicial para la CCC, sugerencia que ahora considera que ya no es necesaria, aunque sigue reclamando una reforma. Expresó su optimismo respecto al compromiso del nuevo director ejecutivo de implantar prácticas operativas y una gestión sólidas dentro de la agencia. Sin embargo, reconoció que este esfuerzo no borrará los problemas existentes a los que se enfrenta la Comisión.
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