Un tribunal de apelación de Texas ha suspendido la aplicación de una ordenanza de despenalización de la marihuana aprobada por los votantes de San Marcos, una ciudad de 72.000 habitantes. En las elecciones de 2022, el 81% de los votantes apoyaron la medida, que pretendía limitar la posibilidad de que la policía local detuviera o citara a personas por delitos menores de clase A o clase B relacionados con la marihuana, despenalizando de hecho la posesión por menores.
Esta decisión es consecuencia de una demanda presentada en febrero de 2024 por el fiscal general republicano Ken Paxton, dirigida contra San Marcos y otras cuatro ciudades que habían aprobado ordenanzas similares. Paxton afirmó: 'No me quedaré de brazos cruzados mientras ciudades dirigidas por extremistas pro-crimen violan deliberadamente la ley de Texas y promueven el uso de drogas ilícitas que dañan a nuestras comunidades'. Ya había iniciado acciones legales contra Dallas en diciembre de 2023 por su ordenanza.
El Decimoquinto Tribunal de Apelaciones anuló una sentencia de un tribunal inferior que había favorecido a San Marcos, alineándose con la interpretación de Paxton de la ley estatal. El tribunal concluyó que el artículo 370.003 del Código de Gobierno Local prohíbe a los gobiernos locales obstaculizar la aplicación de las leyes sobre drogas. Esta sentencia obliga a San Marcos a no aplicar una política que restrinja las competencias policiales en materia de delitos relacionados con las drogas.
Como resultado, se espera que la policía de San Marcos reanude la emisión de citaciones y la realización de arrestos por delitos menores relacionados con la marihuana, una práctica que habían suspendido después de la promulgación de la ordenanza. La suspensión de la ordenanza traerá consigo un retorno a las prácticas de aplicación anteriores, que habían visto un estimado de 219.000 detenciones relacionadas con la marihuana en Texas entre 2017 y 2021, con 97% de esas detenciones por posesión.
Paul Armentano, Director Adjunto de NORML, criticó las acciones del Fiscal General como parte de un patrón más amplio entre los funcionarios electos en varios estados, incluyendo Mississippi, Nebraska y Dakota del Sur, que han tratado de anular los resultados electorales relacionados con la marihuana a los que se oponen. Declaró: "Independientemente de que uno apoye o se oponga personalmente a la legalización del cannabis, estas tácticas cínicas y antidemocráticas deberían ser motivo de profunda preocupación".
En Texas, la posesión de dos onzas o menos de marihuana está tipificada como delito menor, penado con hasta 180 días de cárcel y $2.000 de multa. Los recientes avances legales han suscitado cautela en otras ciudades de Texas. Por ejemplo, los concejales de Bastrop y Lockhart han optado por no aplicar las ordenanzas de despenalización aprobadas por los votantes por temor a posibles repercusiones legales.
Las continuas batallas legales sobre la despenalización de la marihuana reflejan la naturaleza contenciosa de la legislación sobre el cannabis en Texas y ponen de relieve los retos a los que se enfrentan los gobiernos locales que intentan promulgar reformas en medio de la oposición a nivel estatal.
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