La Cámara de Comercio y Desarrollo Económico de Colorado Springs ha modificado sus estatutos, descalificando como miembros a todos los negocios autorizados de cannabis medicinal y recreativo. Esta decisión afecta a las 127 tiendas de cannabis que operan en la zona, incluida Native Roots, que tiene cuatro dispensarios en Colorado Springs.
Durante una reunión de la junta directiva celebrada el jueves, la cámara aprobó un cambio que obliga a todas las empresas afiliadas a operar legalmente conforme a las leyes federales, estatales y locales. Según la portavoz Nicole Jomantas, las normas anteriores no aclaraban la situación de las empresas que cumplen las leyes estatales pero infringen la normativa federal. Esta modificación pretende alinear las políticas de la cámara con las normas legales que rigen las operaciones comerciales en todas las jurisdicciones.
La nueva política es de aplicación inmediata tanto a los miembros actuales como a los futuros. En particular, también se aplica a las empresas dedicadas al suministro de psilocibina, una sustancia psicodélica que los votantes de Colorado despenalizaron en 2022. Aunque el uso de la psilocibina está permitido en entornos terapéuticos en virtud de la ley estatal, sigue siendo ilegal a nivel federal.
Como consecuencia de este cambio de política, Native Roots, que se afilió a la cámara en marzo, recibirá el reembolso de sus cuotas de afiliación. La empresa expresó su decepción por la decisión, afirmando que ha contribuido a la economía local durante más de una década respetando las leyes estatales. Native Roots subrayó que la decisión de la cámara contradice sus valores declarados de inclusión.
El jurista Xavier Jaillet señaló que la cámara, al ser una organización privada, tiene derecho a establecer sus criterios de afiliación. Indicó que, en caso de que cambien las leyes federales sobre el cannabis, empresas como Native Roots podrían volver a solicitar su afiliación en el futuro.
La decisión de la Cámara refleja la tendencia actual a adaptar las prácticas empresariales a la normativa federal, que sigue planteando problemas a las empresas de cannabis que operan legalmente con arreglo a las leyes estatales.
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