Una reciente sentencia de un juez de Minnesota ha confirmado la potestad del Estado para perseguir delitos relacionados con el cannabis en tierras tribales. Esta decisión suscita importantes preocupaciones sobre la soberanía indígena y cuestiona la eficacia de las disposiciones sobre equidad social de las leyes estatales sobre el cannabis.
Todd Thompson, miembro de la White Earth Band of the Chippewa Tribe, empezó a vender cannabis en su estanco autorizado de la reserva White Earth el 1 de agosto de 2023. Esta fecha coincide con la legalización en Minnesota del cannabis recreativo para uso de adultos. Thompson informó de que su primer día de ventas fue bien, pero al día siguiente, los ayudantes del sheriff del condado de Mahnomen y la policía tribal de White Earth allanaron su tienda y su casa, incautándose de todos sus productos de cannabis junto con $2.748 en efectivo.
Thompson expresó su angustia por la redada y recordó que los agentes se llevaron objetos sagrados de su casa, entre ellos un cuenco de salvia y una pluma. Cree que tiene derecho a vender cannabis en virtud del artículo 13 de la constitución de la tribu chippewa de Minnesota, que garantiza la igualdad de derechos y oportunidades a todos los miembros de la tribu. Cree que debería tener los mismos derechos que otros propietarios de dispensarios de la tribu, y afirma: "Hacen que parezca que soy un indio renegado que infringe la ley. Ésos no son los hechos".
A pesar de su optimismo sobre la legalidad de su operación, la situación de Thompson pone de relieve una cuestión más amplia. Abrir un dispensario legal en Minnesota puede ser casi imposible para cualquiera que no disponga de un patrimonio considerable. La clasificación del cannabis como sustancia ilegal a nivel federal impide que la mayoría de los bancos ofrezcan préstamos a las empresas cannábicas. Además, la tasa de pobreza en la reserva de White Earth duplica la media nacional.
En cambio, muchas de las personas involucradas en el primer dispensario autorizado de White Earth tienen experiencia en capital privado y negocios corporativos, y han pasado gran parte de su carrera fuera de la reserva. La ley del cannabis recreativo de Minnesota incluye disposiciones de equidad social diseñadas para ayudar a las poblaciones vulnerables y a aquellos con condenas anteriores por cannabis a obtener licencias para dispensarios. Sin embargo, Thompson no se ha beneficiado de estas disposiciones, y puede convertirse en uno de los muchos indígenas que se enfrentan a cargos relacionados con el cannabis.
Cat Packer, directora de mercados de drogas y regulación legal de Drug Policy Action, subrayó que casos como el de Thompson ilustran la necesidad de crear oportunidades económicas legales para las comunidades marginadas en el sector del cannabis. Afirmó que sin una concesión de licencias adecuada dentro de un marco regulado, la criminalización persistirá, afectando potencialmente a las comunidades que históricamente se han enfrentado a la discriminación.
En diciembre, Thompson presentó una moción para desestimar el caso, argumentando que el estado de Minnesota carece de jurisdicción para perseguir delitos relacionados con el cannabis en tierras de la reserva, especialmente tras la legalización del cannabis recreativo en el estado.
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