La industria del cannabis en Nevada se enfrenta a importantes desafíos debido a las pesadas regulaciones y los altos costes de cumplimiento, lo que contribuye al éxito continuo del mercado ilegal. La estructura fiscal vigente dificulta a las empresas legales competir con los vendedores ilícitos, sobre todo si se tienen en cuenta las cargas de precios que soportan los consumidores.
En la actualidad, el sector tiene que hacer frente a un impuesto del 15% sobre la venta al por mayor para el cultivo, un impuesto especial del 10% sobre la venta al por menor y otros impuestos sobre las ventas. Esta combinación aumenta rápidamente los costes para los consumidores y hace que los productos legales sean menos competitivos que los que se venden ilegalmente.
En respuesta a estos problemas, se ha presentado en la Asamblea un proyecto de ley conocido como AB307. Patrocinado por los republicanos de Las Vegas Danielle Gallant y Lisa Cole, el proyecto de ley pretende revisar la estructura fiscal existente para aliviar algunas de las cargas burocráticas de la industria del cannabis.
La legislación propuesta pretende eliminar el impuesto mayorista que grava a los cultivadores, considerado uno de los costes más complicados y menos transparentes de la cadena de suministro. En la actualidad, el sistema de Nevada grava un impuesto del 15% basado en el "valor justo de mercado" del producto, en lugar del precio real que pagan los dispensarios. Este método crea una carga fiscal que no refleja con exactitud el valor real del producto ni su rentabilidad.
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