Un juez federal ha declarado inconstitucional una ley de Oregón que obligaba a los negocios de cannabis a establecer acuerdos laborales con los sindicatos. El juez de distrito Michael Simon dictaminó el martes que la Medida 119, que obligaba a los operadores de marihuana a garantizar acuerdos de paz laboral (LPA) antes de renovar u obtener licencias, infringe los derechos federales de libertad de expresión. Esta sentencia paraliza la aplicación de la ley por parte de las autoridades estatales.
La medida 119 fue aprobada por más del 55% de los votantes de Oregón el otoño anterior y entró en vigor el 5 de diciembre. Su objetivo era fomentar las relaciones laborales en el sector del cannabis, una medida respaldada por el sindicato United Food and Commercial Workers (UFCW) Local 555, que invirtió más de $2 millones para llevar la iniciativa a las urnas tras fracasar en su intento de aprobar una legislación similar en la legislatura estatal.
La demanda, iniciada por Bubbles Hash y Ascend Dispensary en febrero, sostenía que el requisito de la LPA violaba sus derechos de la Primera Enmienda al restringir su capacidad para oponerse a la sindicación. Además, los demandantes argumentaban que este requisito entraba en conflicto con la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA).
En su sentencia, el juez Simon declaró que el mandato de la LPA estaba regulado por la NLRA, violando la Cláusula de Supremacía de la Constitución e infringiendo los derechos de la Primera Enmienda de los demandantes. Subrayó que, sin una reparación judicial, los demandantes se enfrentaban a la insostenible disyuntiva de perder sus negocios o cumplir una ley inconstitucional, lo que describió como un daño irreparable.
Esta decisión puede sentar un precedente para impugnaciones legales similares de los requisitos de la LPA en otras regiones de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Oregón no ha revelado si tiene previsto recurrir la sentencia.
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