Un juez federal ha invalidado una ley de Oregón recientemente aprobada que obliga a los negocios de cannabis con licencia a establecer acuerdos de paz laboral con sus trabajadores. Esta sentencia, dictada por el juez Michael Simon en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Oregón, se produce apenas tres meses después de que dos negocios de cannabis -Bubble's Hash y Ascend Dispensary- iniciaran una demanda oponiéndose a la ley, conocida como Medida 119.
La decisión del juez Simon califica la ley de inconstitucional, afirmando que vulnera los derechos de libertad de expresión y entra en conflicto con la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA) federal. La ya extinta Medida 119 obligaba a los empresarios del sector del cannabis a mantener la neutralidad durante las conversaciones relativas a la sindicación. Si las empresas no conseguían un acuerdo de paz laboral, se enfrentaban a posibles denegaciones o revocaciones de la licencia.
La demanda se presentó contra funcionarios estatales clave, entre ellos la gobernadora Tina Kotek, el fiscal general Dan Rayfield y miembros de la Comisión de Licores y Cannabis de Oregón (OLCC). En su sentencia, el juez Simon detalló los argumentos de ambas partes, concluyendo en última instancia que la Medida 119 viola la NLRA, cuyo objetivo es proteger el derecho de los trabajadores a sindicarse al tiempo que permite un debate abierto en los conflictos laborales.
El juez Simon declaró que el requisito de que los empresarios se mantengan neutrales suprime de hecho su capacidad para entablar debates sobre la sindicación, lo que constituye una violación de la NLRA. Subrayó que la ley no distingue entre el discurso aceptable del empresario y el que podría considerarse amenazador o coercitivo. Por el contrario, restringe ampliamente todo discurso empresarial no neutral en relación con las actividades sindicales.
Las empresas de cannabis alegaron que la Medida 119 representa una restricción de la libertad de expresión basada en el contenido que requiere un escrutinio estricto. Los demandados alegaron que se trataba de una regulación legítima de la expresión comercial. Sin embargo, el juez Simon se puso del lado de los demandantes, declarando que la medida 119 está prohibida por la NLRA y constituye una violación de los derechos de la Primera Enmienda de los demandantes.
Tras la sentencia, el tribunal ha concedido medidas cautelares permanentes, confirmando que se cumplen todas las condiciones para ello. La Medida 119 había sido aprobada previamente con aproximadamente 57% de los votos en noviembre de 2022, tras una campaña liderada por el Local 555 de la UFCW, que presentó más de 160.000 firmas para colocar la medida en la boleta electoral. Esta sección de la UFCW trató de establecer protecciones laborales para los trabajadores del cannabis después de que los intentos legislativos de codificar disposiciones similares en 2023 no tuvieran éxito.
La UFCW había abogado por la aprobación de un proyecto de ley para proteger los derechos laborales en la industria del cannabis, pero cuando ese esfuerzo se vio frustrado por un destacado demócrata de la Cámara de Representantes, el sindicato decidió llevar la cuestión directamente a los votantes.
Esta sentencia federal marca un avance significativo en las relaciones laborales dentro del sector del cannabis, poniendo de relieve las tensiones existentes entre las leyes estatales y la normativa laboral federal. Las implicaciones de esta decisión podrían afectar no sólo a las empresas de cannabis en Oregón, sino también a las prácticas de relaciones laborales en todo el sector a nivel nacional.
