A principios de octubre de 2023, el gobierno marroquí adelantó la aplicación de la Ley 13-21, que regula los usos legales del cannabis, mediante la publicación del Decreto 2.24.130 en el Boletín Oficial. Este decreto establece las condiciones y responsabilidades específicas de las cooperativas agrícolas autorizadas a cultivar cannabis con fines estrictamente médicos, farmacéuticos e industriales.
El decreto detalla los criterios necesarios que deben cumplir las entidades de cultivo para obtener y conservar la autorización. Mientras que el cultivo recreativo de cannabis sigue siendo ilegal, el cultivo médico está ahora sujeto a directrices técnicas, agronómicas, de uso del suelo y medioambientales. Estas directrices abordan las prácticas agrícolas, la gestión del suelo y la conservación del medio ambiente.
La normativa se aplica exclusivamente a las cooperativas formadas por cultivadores residentes en zonas designadas y aprobadas por el gobierno. Actualmente, sólo las provincias de Alhucemas, Chefchaouen y Taounate, en la región del Rif, están autorizadas para el cultivo regulado. Estas zonas tienen un contexto histórico de producción de cannabis y están recibiendo especial atención debido a sus aspectos culturales únicos y a los retos de la regulación del sector.
Al seleccionar estas regiones específicas, el gobierno pretende facilitar la transición a modelos de producción legales y, al mismo tiempo, apoyar a las comunidades locales mediante iniciativas de desarrollo rural. El Decreto 2.24.130 establece estrictos requisitos de trazabilidad, seguridad y control de calidad a lo largo de los procesos de cultivo y recolección. Las cooperativas deben mantener la trazabilidad del cultivo y cumplir las medidas de seguridad para evitar la venta ilegal o el desvío de productos.
El incumplimiento de esta normativa puede acarrear graves sanciones, incluida la suspensión o revocación de las licencias por parte de la Agencia Nacional de Regulación de la Actividad del Cannabis (ANRAC). La adopción de este marco normativo marca una fase importante en la aplicación de la Ley 13-21, estableciendo una base jurídica para el cultivo de cannabis no recreativo.
El decreto, cuya plena aplicación está prevista para el 15 de mayo de 2025, tiene como objetivo proporcionar a las cooperativas agrícolas directrices claras aplicables a la administración pública y a terceros, aumentando así la transparencia en el sector. Marruecos se está posicionando para integrar el cultivo de cannabis en un modelo económico estructurado y controlado, al tiempo que promueve oportunidades de desarrollo en las zonas rurales.
Sin embargo, el reto sigue siendo la transición de una economía informal a un sector regulado y garantizar que los productores reciban el apoyo adecuado mientras se adaptan al nuevo sistema. El establecimiento del Decreto 2.24.130 supone un avance decisivo en el panorama normativo del cultivo de cannabis en Marruecos.
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