Un experto en adicciones de Harvard y un antiguo abogado del Gobierno piden al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) que rechace una propuesta destinada a suavizar las restricciones federales sobre el cannabis. Este plan se considera fundamental para la industria del cannabis, que espera ampliar sus operaciones y su acceso a recursos financieros.
En un estudio publicado el miércoles en la revista JAMA Psychiatry, Bertha Madras, profesora de la Facultad de Medicina de Harvard, y Paul Larkin, antiguo abogado del Departamento de Justicia que ahora trabaja en la Heritage Foundation, sostienen que los argumentos de la administración Biden para reclasificar el cannabis son erróneos. Afirman que la administración ha minimizado los riesgos para la salud asociados al cannabis, incluido el trastorno por consumo de cannabis y sus posibles vínculos con la psicosis.
El gobierno de Biden había argumentado anteriormente que el cannabis debería reclasificarse debido a su extendido uso medicinal en programas estatales para dolencias como el dolor crónico y a su menor potencial de abuso en comparación con los opiáceos. Sin embargo, Madras y Larkin criticaron esta comparación, sugiriendo que trivializa los peligros del cannabis. La compararon con afirmar que es más seguro ser atropellado por un camión que por un tren.
El documento destaca riesgos importantes que los funcionarios federales de sanidad pueden haber pasado por alto, como el aumento del consumo de cannabis entre los jóvenes, el incremento de las tasas de trastornos por consumo de cannabis y los peligros de la conducción bajo los efectos del cannabis. También destacan la creciente evidencia de que el cannabis de alta potencia está vinculado a trastornos psicóticos.
La reclasificación del cannabis no lo legalizaría a nivel federal, pero podría suavizar las restricciones, reducir las cargas fiscales y permitir a las empresas del sector acceder a servicios bancarios y solicitar deducciones fiscales. Los analistas creen que esto podría fomentar la inversión y espolear nuevos esfuerzos de legalización en todos los estados.
El impulso para reclasificar el cannabis comenzó en 2022, cuando el presidente Biden dio instrucciones a las agencias federales para que reconsideraran su clasificación como droga de la Lista I, que incluye sustancias como el LSD y la heroína. A continuación, el Departamento de Justicia sugirió trasladar el cannabis a la Lista III, lo que provocó una revisión formal por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Sin embargo, los avances se han estancado bajo la actual administración, dejando al sector del cannabis en la incertidumbre sobre el resultado.
La DEA pospuso las audiencias sobre el asunto a principios de este año debido a los desafíos legales, y no se ha proporcionado un nuevo calendario. El secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., ha expresado su preocupación por los riesgos para la salud asociados al cannabis de alta potencia y ha pedido que se investiguen más sus efectos. En febrero, señaló la necesidad de políticas que aborden estos riesgos.
Además, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes ha pedido que se investigue el proceso de reprogramación del cannabis. Un informe publicado el pasado mes de julio pedía al Inspector General del HHS que examinara si la revisión de la administración Biden se ajustaba a las normas adecuadas e instaba a la FDA a investigar los riesgos para la salud mental del cannabis de alta potencia entre los adolescentes.
Mientras prosigue el debate, el sector del cannabis sigue sumido en la incertidumbre, a la espera de una decisión definitiva sobre su clasificación federal y su futuro normativo.
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