Un reciente informe de la Comisión de Drogas de Londres, dirigida por Lord Charlie Falconer QC, recomienda que la posesión de cannabis para consumo personal deje de considerarse un delito penal. Este informe, que se esperaba con impaciencia, hace hincapié en la necesidad de reformar la política de drogas del Reino Unido y pone de relieve el impacto desproporcionado de las leyes actuales en las minorías étnicas de Londres.
Creada por el alcalde Sadiq Khan hace casi tres años, la Comisión de Drogas de Londres recibió el encargo de revisar la eficacia de la legislación vigente en materia de drogas, en particular la relativa al cannabis. El informe final, titulado "The Cannabis Conundrum", sostiene que el enfoque actual de la prohibición del cannabis es excesivamente punitivo y no aborda los daños reales asociados a su consumo.
El informe contiene 42 recomendaciones, entre ellas despenalizar la posesión de cannabis y prohibir las polémicas prácticas de "parada y registro", que afectan de forma desproporcionada a las comunidades minoritarias. Khan ha apoyado públicamente las conclusiones, que ya han suscitado debates en diversos medios de comunicación, especialmente a la luz de las reformas que el Gobierno está llevando a cabo en los sistemas penitenciario y de imposición de penas.
En 2024, el Ministerio de Justicia informó de que el número de personas atendidas por el Sistema de Justicia Penal en Inglaterra y Gales aumentó en 4%, hasta 1,52 millones. Las resoluciones extrajudiciales por delitos menores, incluida la posesión de cannabis, aumentaron en 5%. A pesar de este aumento, el uso de advertencias sobre el cannabis se redujo en 68%, y las notificaciones de sanciones por desorden disminuyeron en 44%. Cabe destacar que 37% de las 4.100 notificaciones sancionadoras emitidas fueron por posesión de cannabis, lo que se tradujo en la imposición de multas in situ a unas 1.500 personas.
El informe critica la severidad de las penas por delitos relacionados con el cannabis, en particular la posesión, y afirma que los castigos actuales son desproporcionadamente elevados. Destaca que los londinenses de raza negra tienen más probabilidades de ser objeto de identificaciones y registros y, sin embargo, no son más propensos a portar cannabis que otros grupos demográficos. El informe pide que se ponga fin a esta práctica, afirmando que acarrea consecuencias negativas duraderas para las personas afectadas.
Aunque aboga por la despenalización, el informe no apoya la plena legalización del cannabis, alegando la preocupación de que no resuelva eficazmente los problemas derivados de la prohibición. Los autores examinaron varias jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos y Canadá, y concluyeron que la legalización no ha erradicado el mercado ilícito y a veces ha sustituido una industria problemática por otra.
La principal recomendación del informe es reclasificar el cannabis de la Ley sobre el Uso Indebido de Drogas de 1971 a la Ley sobre Sustancias Psicoactivas de 2016. Este cambio permitiría despenalizar la posesión, pero mantendría las sanciones penales para la distribución y el cultivo. En este nuevo marco, la policía perdería la autoridad para realizar identificaciones y registros basados únicamente en la sospecha de posesión de cannabis.
Además, el informe sugiere que esta reclasificación protegería a las personas que consumen cannabis por razones médicas pero no pueden permitirse recetas privadas. Propone protecciones retroactivas para quienes hayan sido condenados anteriormente por posesión de cannabis.
Otras recomendaciones son mejorar la recogida de datos sobre el consumo de cannabis en los distintos grupos étnicos, establecer un servicio de análisis de drogas en Londres y estudiar el uso de cannabis de venta con receta para tratar diversas afecciones. Además, pide que se mejore la formación de la policía sobre las leyes relativas al cannabis medicinal y que se introduzcan directrices para el uso seguro del cannabis en entornos médicos.
Mike Morgan-Giles, Director General del Consejo de la Industria del Cannabis, expresó su apoyo a las conclusiones del informe, afirmando que el sistema actual afecta de forma desproporcionada a las minorías étnicas y requiere una reforma urgente.
El Dr. Simon Erridge, de la Clínica Curaleaf, hizo hincapié en la necesidad de eliminar las barreras para acceder al cannabis medicinal regulado, argumentando que las clasificaciones actuales impiden a los pacientes recibir la atención necesaria.
A pesar de las exhaustivas recomendaciones del informe, un portavoz del Ministerio del Interior indicó que el Gobierno no tiene previsto reclasificar el cannabis de su actual estatus de sustancia de clase B en virtud de la Ley sobre el Uso Indebido de Drogas. Mientras prosiguen los debates, se espera que las conclusiones del informe configuren el futuro panorama de la política sobre el cannabis en el Reino Unido.
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