El Senado italiano ha aprobado un amplio decreto de seguridad que impone normas estrictas sobre las protestas públicas, penaliza las ocupaciones ilegales y prohíbe la venta de productos legales de cannabis. Esta legislación, respaldada por la coalición de derechas de la primera ministra Giorgia Meloni, se aprobó con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención, tras una polémica sesión marcada por las protestas de los legisladores de la oposición.
El nuevo decreto se centra específicamente en las manifestaciones antigubernamentales, incluidas las relacionadas con el cambio climático, y prohíbe el bloqueo de carreteras y la destrucción de bienes públicos. Con ello se pretende disuadir a los activistas que ya han interrumpido el tráfico o destrozado monumentos en protesta por las políticas medioambientales.
Además, la ley endurece las penas para las protestas que desemboquen en enfrentamientos con la policía, especialmente cuando se produzcan heridos. También concede protecciones legales de hasta 10.000 euros (aproximadamente $11.385) al personal de las fuerzas del orden que se enfrente a un escrutinio legal por acciones llevadas a cabo durante dichas protestas.
Un aspecto significativo del decreto es la prohibición de la venta de "cannabis light", un producto derivado del cáñamo que contiene bajos niveles de THC y a menudo se comercializa como alternativa no tóxica a la marihuana. Esta prohibición ha provocado la indignación de los empresarios locales, que sostienen que amenaza miles de puestos de trabajo y podría acarrear importantes pérdidas económicas para el sector, que ha ido ganando adeptos en Italia. Muchos empresarios habían invertido millones de euros en el sector del cáñamo, esperando que floreciera con una normativa anterior más indulgente.
El decreto también revoca una exención de prisión para las mujeres condenadas embarazadas o con hijos, una medida que, según los críticos, era aprovechada por algunos para eludir el castigo por reincidencia. Los partidarios de la medida, entre ellos el senador Gianni Berrino, del partido Hermanos de Italia de Meloni, sostienen que es necesaria para evitar abusos del sistema judicial.
Líderes de la oposición, como Francesco Boccia, del Partido Democrático, condenaron el decreto como un medio de sofocar la disidencia, alegando que afecta desproporcionadamente a los niños y a los estudiantes que participan en las protestas. Boccia declaró: "Desafiamos a un gobierno que quiere encarcelar a los niños, a los estudiantes que hacen huelga y a los manifestantes a las puertas de las fábricas".
El decreto forma parte de la agenda más amplia de Meloni para reforzar la ley y el orden en Italia, una respuesta a la demanda pública de medidas más duras tras una serie de incidentes relacionados con protestas y delincuencia. Aunque la coalición goza del apoyo de las encuestas, los críticos cuestionan la eficacia de una legislación tan amplia y advierten de que puede contribuir a empeorar las condiciones de las abarrotadas cárceles italianas.
Mientras Italia lidia con esta nueva normativa, el futuro de la industria del cannabis y de las libertades civiles sigue siendo incierto en medio de la escalada de tensiones entre el gobierno y diversos grupos activistas.
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